Cuando Blanca, de 49 años, se enteró de que su caso en la corte de inmigración había sido desestimado, dejó escapar un suspiro de alivio. Blanca, originaria de México y quien pidió ser identificada por su nombre debido a su estatus migratorio, tiene otro camino hacia la ciudadanía a través de sus hijos que tienen edad suficiente para apadrinarla. Debido a la política de inmigración de la administración Biden implementada el año pasado que tiene como objetivo reducir el récord de 3,4 millones de retrasos en los tribunales de inmigración al desestimar casos judiciales a través de la discreción del fiscal, una autoridad de larga data que permite a las agencias decidir cómo enfocar sus recursos. Desde que su esposo sufrió un derrame cerebral hace dos años, Blanca se ha visto abrumada por las citas médicas y las facturas médicas. Luego, un conductor la chocó por detrás en agosto de 2023 y se rompió la pelvis. Un caso de inmigración inminente no ha hecho más que aumentar su estrés. Blanca, originaria de Querétaro, México, ha vivido en Houston por más de 30 años. Aquí, ella construyó su sueño americano, limpiando casas mientras su esposo instalaba sistemas sépticos. Sus cuatro hijos, de entre 21 y 30 años, se graduaron de la escuela secundaria y los dos más pequeños esperan ir pronto a la universidad. Si Blanca argumentó su caso de asilo ante el tribunal y perdió, podrían ordenar su deportación y enviarla de regreso a un país que no conoce desde hace tres décadas. Desestimar el caso es beneficioso para Blanca y para el atrasado sistema de inmigración. Un juez responsable de cientos de casos puede aligerar su carga de trabajo eliminando de la agenda un caso que no sea una prioridad de aplicación de la ley. Blanca evita una orden de deportación mientras realiza gestiones para legalizar su estatus a través de otra agencia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).