El Departamento de Justicia y grupos de derechos civiles presentaron el jueves dos demandas separadas con el objetivo de impedir que una controvertida ley de inmigración conocida como SF 2340 entre en vigor en Iowa. SF 2340 autoriza a los agentes del orden locales a arrestar a migrantes que hayan sido previamente deportados o expulsados del país, o a quienes se les haya negado la entrada en el pasado. También otorga a los jueces el poder de ordenar que una persona sea enviada de regreso al país desde el cual ingresó a los Estados Unidos. La ley tampoco prohíbe que se acuse a niños. Los legisladores estatales aprobaron la ley el mes pasado y la gobernadora Kim Reynolds la firmó, y está previsto que entre en vigor el 1 de julio. A primera hora del jueves, el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y la ACLU de Iowa presentaron una demanda por separado sobre en nombre del Movimiento de Migrantes por la Justicia de Iowa y dos personas que representa la organización de derechos de los inmigrantes.