La nueva ley antiinmigración de Oklahoma enfrenta dos demandas potenciales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigió una carta del 15 de mayo al gobernador Kevin Stitt y al fiscal general Gentner Drummond diciendo que el gobierno federal tiene la intención de presentar una demanda para detener la aplicación de la ley a menos que Oklahoma acepte de antemano no tomar tal medida. La carta del departamento dice que la ley estatal de Oklahoma tiene prioridad sobre la ley federal y viola la Constitución de los Estados Unidos. También señala que la nueva ley de Oklahoma es como el Proyecto de Ley Senatorial 4 de Texas. Ese estado no ha podido hacer cumplir su ley debido a un tribunal federal de apelaciones. El estado tuvo cinco días para confirmar que no hará cumplir la ley. El estado enfrenta otra posible demanda iniciada localmente. Los miembros del Caucus Latino dijeron a The Oklahoman que también planean trabajar con expertos nacionales para presentar una demanda contra la ley, citando puntos similares planteados en la carta del Departamento de Justicia.