Hasta ahora, los migrantes en Estados Unidos no tenían que declarar su estatus migratorio para acceder a atención médica en hospitales o para que sus hijos asistieran a la escuela. Sin embargo, la semana pasada salieron a la luz dos propuestas de dos estados gobernados por republicanos que pondrían fin a ese derecho al anonimato. Texas exigirá a los hospitales que informen sobre la situación migratoria de los pacientes y Oklahoma quiere evaluar el coste de educar a los niños que carecen de residencia legal. El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que obligará a los hospitales a preguntar a los pacientes si son o no ciudadanos estadounidenses y si tienen o no un permiso de residencia. Además, los centros sanitarios deberán informar a las autoridades de los costes que implica la hospitalización de estos pacientes y los tratamientos médicos recibidos.