Las organizaciones religiosas han estado presionando al Congreso y a la administración Biden para que aborden un cambio abrupto de procedimiento en el manejo por parte del gobierno de las tarjetas de residencia de los trabajadores religiosos durante más de un año. Esta medida pone en peligro la capacidad de miles de trabajadores religiosos de continuar su ministerio en los Estados Unidos. Las agencias federales que controlan la inmigración han sido demandadas por la Diócesis Católica de Paterson, Nueva Jersey, junto con cinco de sus sacerdotes, cuyo estatus legal en Estados Unidos expirará la próxima primavera. Sostienen que, además de los cientos de miles de católicos a los que sirven, el cambio “causará trastornos graves y sustanciales en las vidas y libertades religiosas” de los sacerdotes. Según Raymond Lahoud, asesor legal de Paterson, la diócesis es la primera en presentar una demanda contra el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.