La iniciativa, que podría ayudar a unos 500.000 inmigrantes en Estados Unidos, estaba siendo suspendida temporalmente por un juez federal en Texas, deteniendo así uno de los mayores actos presidenciales para facilitar la ciudadanía en la memoria reciente. A pesar de que el programa “Keeping Families Together” de la administración Biden recién abrió para solicitudes la semana pasada, las familias y los abogados de inmigración informan que desde la decisión del juez de distrito estadounidense J. Campbell Barker, la confusión, la ansiedad y la frustración ya han aumentado. El programa comenzó a aceptar solicitudes el 19 de agosto; sin embargo, 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, lo impugnaron y el 19 de agosto presentaron una demanda federal. Esto resultó en el fallo judicial. Está previsto que la directiva de Barker, conocida como suspensión administrativa, dure 14 días, aunque podría prolongarse. Los estados acusaron a la administración de eludir al Congreso con “fines políticos flagrantes” y que la acción crearía un daño irreversible. El gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales, según un comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional el martes. El gobierno afirma que los solicitantes cuya libertad condicional fue aprobada antes de la orden no se verán afectados.