El martes, grupos de derechos civiles y el condado fronterizo más grande de Texas presentaron una demanda, calificando la medida que el gobernador republicano Greg Abbott había promulgado menos de 24 horas antes como una medida inconstitucional sobre la autoridad del gobierno de Estados Unidos en materia de inmigración. La ley de Texas entrará en vigor en marzo. La demanda, presentada en un tribunal federal de Austin, fue presentada por el condado de El Paso junto con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas. Se presentó contra el jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, cuyos agentes podrían arrestar a inmigrantes, y el fiscal de distrito del condado de El Paso, cuya oficina potencialmente procesaría casos en esa comunidad fronteriza. La medida permite que cualquier agente de la ley de Texas arreste a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.