El juez de distrito estadounidense Dana Sabraw aprobó un acuerdo judicial en octubre entre el Departamento de Justicia y las familias representadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Según el acuerdo propuesto, la política de “tolerancia cero” que se utilizó durante la administración Trump para separar a más de 5.000 niños de sus padres que fueron arrestados por ingresar ilegalmente al país estaría prohibida hasta diciembre de 2031. Es posible que los niños sigan separados, pero en circunstancias limitadas, como ha sido el caso durante años. Incluyen si se cree que el niño sufre abuso, si el padre es condenado por delitos graves o si hay dudas de que el adulto sea el padre.Las familias que fueron separadas pueden ser elegibles para otros beneficios: estatus legal por hasta tres años en libertad condicional humanitaria; reunificación en los Estados Unidos a expensas del gobierno; un año de vivienda; tres años de asesoramiento; Asistencia legal en la corte de inmigración. Pero el acuerdo no paga dinero a las familias.