El lunes, la administración Biden publicó nuevas regulaciones que permitirán a ciertos cónyuges e hijastros inmigrantes de ciudadanos de Estados Unidos permanecer en el país mientras solicitan el estatus de residentes permanentes legales. El DHS declaró que alrededor de dos tercios de los 765.000 no ciudadanos estimados en el país que están casados con ciudadanos y no tienen estatus migratorio legal serían elegibles para recibir ayuda bajo el nuevo programa en un “Aviso de Implementación” que fue publicado en el Federal Regístrate el martes. Normalmente, los cónyuges tendrían que salir del país y solicitar una visa de inmigrante en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero. Sin embargo, no había garantía de que la visa fuera aprobada y se les permitiera regresar al país. Para presentar el Formulario I-131F, los candidatos deben pagar una tarifa de $580 y someterse a investigaciones de antecedentes para confirmar su elegibilidad y la ausencia de amenaza a la seguridad pública o nacional. Aunque America First Legal, una organización legal conservadora, prometió emprender acciones legales contra las regulaciones de Biden, su declaración de ese día solo abordó la política para los graduados universitarios.