Los legisladores del Comité Judicial del Senado están centrando su atención en la situación de los jóvenes indocumentados mientras el programa que ha protegido a más de medio millón de Dreamers durante casi 12 años enfrenta un futuro incierto. Nuevas solicitudes al programa DACA, que se estableció en 2012 mediante un memorando ejecutivo, han estado congeladas durante los últimos tres años después de que un juez de un tribunal federal de distrito en Texas determinó que se implementó ilegalmente. El programa cubría a unos 530.000 beneficiarios activos a finales de 2023, alrededor del 80% de ellos nacidos en México, según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional. Durbin y el senador Lindsey Graham (R-S.C.), miembro de alto rango del comité, copatrocinaron el año pasado la Dream Act, que ofrecería un camino hacia el estatus permanente para las personas indocumentadas que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Pero la legislación que ofrece alivio a los inmigrantes se ha visto atrapada en luchas políticas sobre la seguridad y el cumplimiento de la frontera. La batalla legal sobre DACA ha regresado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, que dictaminó hace apenas un año y medio que el programa era ilegal porque violaba los requisitos procesales de la Ley de Procedimiento Administrativo. El tribunal ahora reflexionará si las regulaciones de DACA emitidas por la administración Biden fortalecen la situación legal del programa. La creciente incertidumbre legal sobre el programa, además de las inminentes elecciones presidenciales, aumentan la urgencia de que el Congreso apruebe protecciones permanentes para los Dreamers, dicen sus defensores. Empleadores, incluidos IBM Corp., Starbucks Corp. y Google LLC, advirtieron al tribunal de apelaciones en febrero que rescindir las protecciones de expulsión y la autorización de empleo de DACA consumiría 460 mil millones de dólares del producto interno bruto.